El 28 de agosto, el Departamento de Energía publicó un plan de transición conjunto elaborado junto con la Agencia de Protección Medioambiental para describir cómo se transferirá la autoridad principal sobre el programa ENERGY STAR de la EPA al DOE.
Ambas agencias han respaldado el programa desde sus inicios y, en marzo, anunciaron que la competencia principal se transferiría al Departamento de Energía (DOE). Esto es lo que recoge el plan de transición:
El plan describe varias fases para completar la transición, así como tres líneas de trabajo principales: transferencia de conocimientos y liderazgo programático, marcas registradas y sistemas informáticos. Las principales operaciones y el liderazgo programático se trasladarán al DOE en el próximo mes, antes de que finalice el actual ejercicio fiscal. Actualmente se prevé que la transición completa de todas las operaciones, marcas registradas y sistemas informáticos se haya completado a finales de julio de 2027. Durante este tiempo, el DOE también trabajará para transferir los conocimientos sobre los programas de los expertos de la EPA al personal del DOE.
«Agradecemos el firme compromiso del Departamento de Energía (DOE) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) con la preservación y el apoyo a ENERGY STAR, ahora que la autoridad principal pasa a manos del DOE», afirmó Jenna Hamilton, vicepresidenta de Asuntos Nacionales de GBI. «El esquema del plan proporciona al sector privado un calendario necesario para anticipar cuándo se producirán los cambios, y esperamos que el Departamento y el Congreso puedan colaborar para llevar a cabo una transición fluida de las asignaciones presupuestarias de ENERGY STAR al DOE, con el fin de evitar interrupciones en el programa. ENERGY STAR es una herramienta de mercado importante para los edificios del sector privado, y GBI valora el trabajo realizado por los equipos del DOE y la EPA para diseñar una transición y un nuevo marco en el DOE que reconozca su importancia».
GBI seguirá supervisando esta labor, incluida la respuesta del Congreso, que debe aprobar las transferencias de fondos a través de su proceso anual de asignación de créditos.
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